Después de una larga espera, finalmente la Sala de Admisión de la Corte Constitucional ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad de los decretos 1780 y 15, que el Comité para Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres CLADEM presentó el año pasado.
La demanda contempla que el hecho de que se haya regulado por decreto ejecutivo el ejercicio de estos derechos constitucionales, que tienen reserva de ley orgánica, acarrea inconstitucionalidad formal, al violar tanto la competencia exclusiva del legislador como el procedimiento regulado en la Constitución. Además del Art. 1 de la Constitución Política, el Ecuador se define como un estado soberano, intercultural, plurinacional y laico.
Contrariamente a la norma y doctrina constitucionales citadas, los decretos Nos. 1780 y 15 establecen que el gobierno nacional celebrará contrato con los representantes de las misiones católicas Capuchina-Vicariato Apostólico de Aguarico; Josefina-Vicariato Apostólico de Napo; Dominicana-Vicariato Apostólico de Puyo; Salesiana-Vicariato Apostólico de Méndez; Comboniana-Vicariato Apostólico de Esmeraldas; Carmelita-Vicariato Apostólico de Sucumbíos; Franciscana de Zamora-Vicariato Apostólico de Zamora, y, Franciscana de Galápagos Vicariato Apostólico de Galápagos para, de conformidad con el Art. 1, literal a) del Decreto 1780 sustituido por el Decreto 15, “trabajar en favor del fortalecimiento de las culturas, en busca del desarrollo socioeconómico concebido desde la visión propia de los pueblos y nacionalidades que habitan las circunscripciones territoriales en donde establezcan sus misiones, dentro del marco de respeto a los principios constitucionales y a los derechos de las comunidades, contribuyendo a la consolidación del Estado plurinacional, precautelando el cuidado y la protección de la naturaleza o Pachamama, de las tradiciones ancestrales, formas de organización social y de los procesos que afianzan la propia identidad”.
Más información: Aquí
